Martín Diego Rodríguez (Corresponsal)
Salamanca, Gto., 4 de mayo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) consignó el 27 de abril a Martín Rodríguez González, de 44 años de edad, por abusar sexualmente de su hijastra durante tres años; producto de esa violación, la menor de 15 años tiene tres meses de embarazo cumplidos.
La detención ocurrió el día en que la madre se enteró y pidió ayuda a la policía. La adolescente platicó lo sucedido y relató que su padrastro, además de violarla, la amenazó con hacer daño a su progenitora si lo delataba. La madre de la afectada promovió una averiguación previa, pero no se le dio la opción de que la víctima abortara, como lo prevé el Código Penal de Guanajuato.
El artículo 163 de esa norma expresa que “no es punible el aborto cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada ni el procurado o consentido por ella cuando el embarazo sea resultado de una violación”. La directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, Ángeles López García, señaló que esa opción no fue planteada a la madre de la menor.
“El estado no informó a la familia de la joven que tenía esa posibilidad y que aún estaba en tiempo de hacerlo.” La posibilidad de interrumpir el embarazo no fue planteada ni como opción legal, relató.
La activista expuso que, más allá de la nota publicada en los diarios locales como un hecho aislado, la situación conlleva una parte legal y de cumplimiento de las instituciones, ya que “se violentaron los derechos humanos de la menor”. Ni la subprocuradora de Atención Integral Especializada (SAIE) ni la coordinadora estatal de Atención a Víctimas del Delito, dependiente de la PGJEG, Beatriz Genoveva Galván Carrillo y Laura Edith Ortega Pérez, plantearon ese contexto legal a la familia.
En 2000 la fracción del PAN en el Congreso de Guanajuato intentó penalizar el aborto, aun en casos de violación; sin embargo, el veto del gobernador Ramón Martín Huerta evitó las reformas al Código Penal.
Ortega Pérez reconoció que ni la madre ni la menor fueron informadas de esa posibilidad y comentó que “en el estado no existe un procedimiento legal previsto en el Código Penal” para dar aviso a la familia sobre la opción de interrumpir el embarazo, pues el marco legal prevé “una excusa absolutoria dentro del delito de aborto”.
López García señaló que la procuraduría estatal no informó a la madre que su hija tenía posibilidad de abortar, por lo que se violentó el precepto de la adolescente para obligarla a ser madre.
Argumentó que “el acceso al aborto seguro es un derecho de la víctima de una violación y las autoridades están obligadas a facilitar que las mujeres ejerciten ese derecho proporcionándoles la información necesaria sobre cómo reclamarlo”.
Argumentó que la Ley Orgánica del Ministerio Público es clara, “pues ordena restituir a la persona ofendida el goce de sus derechos, dar a la víctima asesoría jurídica, atención médica y sicológica, así como solicitar medidas para su seguridad y auxilio”.
El 27 de abril, cuando fue detenido el presunto violador, la adolescente pudo haber interrumpido el embarazo, pues cumplió tres meses de gestación el 30 de abril.
Haber negado a la víctima información sobre las opciones legales a su alcance (abortar, conservar a su hijo o darlo en adopción) “pone de relieve la manifiesta deficiencia de la Procuraduría de Justicia y la violación a los derechos humanos perpetrada directamente contra la menor violada”.
Recordó que en Guanajuato el número de menores embarazadas va en aumento. “Hay falta de información de las estructuras de gobierno, así como una deficiente orientación legal a las víctimas de violación. Es un abuso que se repite constantemente en Guanajuato, como una política pública que, además, viola el Estado laico garantizado constitucionalmente en México”.
La directora del centro de derechos humanos conminó a la procuraduría de Guanajuato a que “cumpla con su obligación de proporcionar información sobre el acceso al aborto legal y seguro para las víctimas de violación, se abstenga de obstaculizar esta elección y cumpla con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito”.
Un antecedente
En marzo de 2003, la madre de una mujer con retraso mental pidió a la PGJEG (encabezada desde entonces por Daniel Federico Chowell Arenas) una orden judicial para interrumpir el embarazo de su hija, quien fue violada. La solicitud fue rechazada y el caso tuvo que ser llevado a tribunales internacionales.
De La Jornada.
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